México: Crecen protestas tras el secuestro de 43 estudiantes
Boletín - 6 de octubre de 2014

Crecen las protestas en la pequeña población de Ayotzinapa en el estado de Guerrero en el suroccidente de México tras un ataque policial contra estudiantes de una escuela normalista que dejó 6 muertos en el lugar y 43 desaparecidos, algunos de los que podrían estar entre los 28 cuerpos carbonizados descubiertos el 5 de octubre cerca de la ciudad de Iguala. Se han convocado huelgas a nivel nacional para el 8 de octubre para exigir que el gobierno presente con vida a los desaparecidos. A pesar de que el presidente mexicano Enrique Peña Nieto ha enviado a las fuerzas nacionales de seguridad, un miembro de la recientemente formada organización de padres de los desaparecidos de Ayotzinapa, declaró que “no hay razón para confiar en el gobierno si el mismo gobierno los secuestró”.

La Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, con 500 estudiantes, al igual que otras instituciones rurales que forman docentes, ha sido conocida durante décadas como un semillero de oposición al gobierno y al estatus quo en México. El 26 de septiembre cerca de 150 jóvenes de esta población montañosa fueron a la ciudad de Iguala, para agitar sus demandas estudiantiles y recaudar fondos para viajar a la Ciudad de México a una manifestación en conmemoración de la infame masacre en la Plaza de Tlatelolco en 1968 cuando las fuerzas de seguridad del gobierno acribillaron a cientos de estudiantes y otros manifestantes en la capital.

Los normalistas abandonaron Iguala esa noche de regreso a Ayotzinapa. Los tres buses en que viajaban fueron baleados por la policía al salir de la terminal. Unos kilómetros más adelante la policía y otras fuerzas volvieron a atacar los buses, bloqueando el camino y disparando con fusiles de asalto, obligando a los estudiantes a bajar. Mataron a tres en el lugar, aunque los informes han sido contradictorios. Otros 43 estudiantes desaparecieron. Los testigos dijeron que agarraron a sus compañeros, los obligaron a subir a camionetas y se los llevaron en la oscuridad.

Muchos jóvenes pudieron escapar. Cuando algunos volvieron al lugar unas horas más tarde con periodistas locales, fueron atacados de nuevo por hombres que disparaban desde camionetas sin placas.

En otro incidente esa noche, hombres encapuchados le dispararon a un bus que llevaba un equipo juvenil de futbol, al parecer creyendo que los estudiantes estaban a bordo, y mataron a dos personas y a una mujer que pasaba en un taxi.

Las autoridades locales pretextaron que los normalistas habían “secuestrado” los buses y que la policía simplemente trató de parar los vehículos robados. (Un sobreviviente dijo posteriormente que los conductores habían acordado llevarlos a casa). Alegaron que los desaparecidos estaban escondidos para evitar ser arrestados. Les tocó a los estudiantes y sus familiares recopilar una lista de desaparecidos.
La “investigación” oficial del incidente fue tan tibia que los familiares se pusieron a buscar posibles testigos. Tomaron una estación de radio local para pedir que se presentara todo el que tuviera información.

En la noche del 3 de octubre estudiantes y familiares realizaron una marcha de antorchas en Chilpancingo, la capital del estado, para exigir que devolvieran con vida a sus compañeros. Estudiantes de otras normales de la región se les unieron. Al día siguiente, cientos de personas protestaron frente a la residencia del gobernador, y chocaron con la policía cuando les dijeron que nos les permitirían ir a las posibles fosas para identificar los cadáveres. El 5 de octubre, cuando las autoridades confirmaron que habían encontrados fosas comunes, cerca de 2.000 estudiantes y familiares bloquearon una vía principal en Chilpancingo con una inmensa pancarta que decía: “Vivos se los llevaron, vivos los queremos”. También bloquearon calles en Acapulco, la ciudad más grande de la región.

Las autoridades del estado anunciaron el descubrimiento de por lo menos 28 cadáveres quemados enterrados en los cerros en las afueras de Iguala. Le dijeron a un periodista que al parecer a las víctimas las llevaron en camionetas hasta el final del camino de terracería, los obligaron a subir al cerro y los mataron a balazos, y quemaron y echaron sus cadáveres a varias fosas. Pero a otros periodistas les han dicho que las seis fosas comunes pueden ser el resultado de una o más incidentes anteriores no relacionados, entre cárteles de narcotráfico. Funcionarios del gobierno han dicho que puede tomar semanas o meses identificar los cadáveres. Un equipo de forenses ha llegado de Argentina, especialistas en la identificación de cadáveres de los miles de desaparecidos durante la represión política en ese país en las décadas de los 70 y 80, aunque hasta ahora las fuerzas armadas mexicanas mantienen las fosas bajo su control exclusivo.

Hasta la fecha 37 familiares han entregado muestras de ADN, lo que ha tenido el efecto de derrumbar las insinuaciones oficiales de que quizás nunca se conozcan las identidades de los muertos y otros hechos. En un país donde abundan las masacres sin resolver, con 13.000 personas en las listas oficiales de desaparecidos, a las autoridades no le ha sido difícil sembrar confusión.

Las autoridades del estado le echaron la culpa al gobierno municipal, diciendo que muchos policías están a sueldo del cártel Guerreros Unidos, y que por tanto “no eran verdaderos policías”. Unos 30 policías y supuestos sicarios del cártel han sido arrestados. Los normalistas le han dicho a la prensa que por el contrario, los funcionarios y policías locales recurrieron a los sicarios para echar por tierra un desafío político.

El gobierno ha enviado a la policía federal, otras fuerzas de seguridad y el ejército a tomar el control de Iguala, cuyo alcalde y jefe de la policía se escabulleron cuando se expidió una orden de arresto en su contra. En vez de confiar en esta presencia de federales, a mucha gente le recordó la masacre por parte del ejército de 21 jóvenes en junio pasado en Tlatlaya, en el estado de México, que colinda con el estado de Guerrero. Cuando se descubrió esa matanza, el secretario de Defensa, encargado de las fuerzas armadas, dijo que los soldados se defendían del ataque de una banda de narcotraficantes, pero luego la evidencia indicó que los jóvenes, de una zona muy pobre, se habían rendido ante el ejército y fueron ejecutados sumariamente.

Una columna de opinión en el diario nacional La Jornada calificó el asesinato y desaparición de los normalistas de Ayotzinapa como un “crimen de Estado” —“represión llevada a cabo por un gobierno que ha puesto a su servicio la violencia del crimen organizado”.

En cuanto a la alharaca de parte de los gobiernos estadual y federal que pretenden limitar la culpa a los funcionarios municipales y policías corruptos, muchos hechos la desmienten, entre ellos la historia de otro ataque contra normalistas de Ayotzinapa en diciembre de 2011. Un artículo de ese entonces de Aurora Roja, la publicación y página web de la Organización Comunista Revolucionaria de México (OCR), explicó la responsabilidad del gobernador, Ángel Aguirre Rivero, un representante del Partido de la Revolución Democrática que aún reina en Guerrero, y el gobierno federal.

En aquel incidente, cientos de estudiantes se habían reunido con una organización campesina y una organización indígena mixteca para bloquear una carretera; exigían que el gobernador Ángel Aguirre cumpliera con sus demandas de suavizar los requisitos de ingreso, mejorar las instalaciones y la comida, y aumentar el número de plazas para los egresados. Las fuerzas de seguridad mataron a dos con tiros a la cabeza, e hirieron a otros. Secuestraron a un estudiante y lo obligaron a tirar un AK-47 para fabricar pruebas de que estudiantes armados habían atacado a la policía. El gobernador denunció a los manifestantes de “seudo-estudiantes” y sus demandas de inaceptables. Muchas personas creen que Aguirre estaba detrás del ataque de 2011. Aún en funciones, ahora le echa la culpa de este crimen reciente a la policía y el acalde de Iguala.

El artículo en Aurora Roja desmiente el argumento del gobernador de que no se necesita más normales porque no se necesitan más maestros. “Muchas comunidades rurales, sobre todo indígenas, no tienen maestros de primaria… Lo que el gobierno llama ‘el comportamiento demográfico’ que supuestamente justifica cerrar escuelas por la migración de la gente, en realidad es el resultado de la embestida del gran capital por expulsar del campo a los campesinos, apoderarse del agua, los bosques, el oro y la tierra, despojando a las comunidades indígenas y forzándolas a emigrar o morir de hambre o ante las balas de los militares y paramilitares.

“‘No más maestros’ es la posición de todos los niveles de gobierno, no porque ya no hay niños que los necesiten, sino porque educar a esos niños ya no es de interés en el nuevo esquema educativo diseñado por instituciones imperialistas como la OCDE (Organización de Cooperación para el Desarrollo Económico) y el Banco Mundial… un ataque general contra la educación pública que crea mayor desigualdad…”.

“El gobierno quiere eliminar estas escuelas [normales] porque chocan con los intereses del sistema… y por otra parte por querer sofocar el activismo social en estas escuelas que… han llamado ‘semilleros de guerrillas”’. Varios líderes importantes de la guerrilla en los años setenta salieron de Ayotzinapa y otras normales rurales semejantes, y el gobierno actual ha chocado frecuentemente con grupos organizados de maestros.

En pocas palabras, ahora y durante años, los estudiantes de Ayotzinapa y normales similares han sido una gran piedra política en el zapato del gobernador guerrerense y el gobierno federal.

La OCR se ha unido con otros para lanzar una “Red Nacional de Resistencia — Alto a la Guerra Contra el Pueblo” y organizar una “Semana Nacional de Resistencia” del 20 al 26 de octubre. El llamado para las protestas de esa semana denuncia las masacres cometidas “por las guardias armadas de este sistema capitalista, cuyos jefes políticos y militares están coludidos con los jefes del narco” en una guerra que se propaga entre diferentes sectores del estado y capitalistas así como sus respectivos aliados narcotraficantes, y más que todo contra el pueblo. Una guerra al servicio de un sistema explotador e ilegítimo, armado y metido en el puño de los gobernantes yanquis, cuyos autoridades y fuerzas armadas son integradas e incrustadas en las estructuras criminales oficiales y extraoficiales. (Ver aurora-roja.blogspot.com).

 

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